Canacol busca aprobar fallo canadiense para rescindir 19 contratos de gas y evitar su propia liquidación
Por Renato Fuentes

Canacol, la compañía colombiana de distribución de gas natural que ha estado en el ojo del huracán financiero durante años, ha solicitado a la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) que avale un fallo del Tribunal de Alberta, Canadá, con el objetivo de rescindir 19 contratos de suministro de gas en Colombia. Esta petición surge en medio de un proceso de venta que enfrenta la gasífera a la posibilidad de liquidación, mientras los potenciales compradores señalan que el negocio no es viable bajo las tarifas de mercado actuales.
El contexto de la crisis de Canacol y su intento de rescindir contratos
Canacol se ha visto atrapada en una situación de alta exposición financiera debido a las deudas acumuladas y a la falta de liquidez. La empresa, que opera en más de 300 ciudades a lo largo de Colombia, dependía de contratos de suministro de gas con empresas canadienses para cubrir su demanda interna. Los acuerdos, firmados a precios fijos durante más de una década, ahora están en riesgo de volverse improductivos, ya que las tarifas internacionales del gas natural han subido significativamente y la economía colombiana ha sufrido una recesión moderada.
Para mitigar el riesgo de una caída abrupta en su flujo de caja, Canacol buscó la ayuda de la justicia canadiense. En junio de 2024, el Tribunal de Alberta emitió una decisión que permite a Canacol rescindir los contratos con los proveedores canadienses. Sin embargo, la normativa colombiana exige que cualquier cambio sustancial en los contratos de suministro sea respaldado por la autoridad competente en el país, de ahí la solicitud a la Supersociedades.
Detalles del fallo canadiense y la petición a Supersociedades
El fallo del Tribunal de Alberta, fechado el 15 de mayo de 2024, se fundamenta en la cláusula de “force majeure” que los contratos incluyen, la cual permite la terminación de los acuerdos cuando la condición subyacente se vuelve económicamente inviable. Canacol presentó una solicitud de reconocimiento de esta cláusula ante la Supersociedades, argumentando que, de manera unilateral, rescindir los contratos no solo evitaría pérdidas mayores, sino que también facilitaría la venta de la empresa a los seis potenciales compradores que están en la fase final del proceso de licitación.
Los compradores, compuestos por empresas de energía de Europa y Norteamérica, han manifestado que, aunque el proyecto de venta sigue siendo atractivo en términos de infraestructura, los costos operativos asociados a los contratos vigentes superan el valor de mercado del gas natural en Colombia. Por ello, la firma de rescisión de los contratos es un requisito previo para que la transacción sea viable.
Implicancias económicas y sectoriales de la rescisión
La rescisión de 19 contratos de suministro de gas tendría un impacto directo en la estabilidad del mercado energético colombiano. Si la decisión se aprueba, las empresas suministrantes canadienses se verían obligadas a cancelar sus acuerdos, lo que podría generar un ajuste en los precios del gas importado. Al mismo tiempo, los consumidores finales podrían experimentar un incremento en las tarifas de gas natural, ya que la empresa tendrían que renegociar nuevos contratos o buscar proveedores alternativos.
Para la industria, el caso de Canacol plantea un precedente importante sobre la interacción entre contratos internacionales y la normativa local. Si la Supersociedades aprueba la solicitud, se establecería un marco claro que permita a las empresas colombianas rescindir contratos internacionales en situaciones de crisis económica sin violar las leyes de sociedades. Esta decisión también podría influir en la percepción de riesgo de los inversores extranjeros en el sector energético del país.
Perspectiva a futuro: ¿podrá Canacol evitar la liquidación?
La aprobación del fallo canadiense por parte de la Supersociedades abriría la puerta a la venta final de Canacol a uno de los seis postores. Según las negociaciones actuales, el comprador seleccionado tendría la obligación de asumir los contratos rescindidos y asumir los costos de reestructuración de la empresa. Este escenario, aunque arriesgado, sería preferible a la liquidación, ya que preservaría la continuidad operativa y generaría empleo para miles de trabajadores.
No obstante, las autoridades colombianas siguen evaluando los riesgos asociados a la reestructuración. En la reunión de la Comisión de Supervisión de la Supersociedades, se discutió la posibilidad de establecer un plan de pago escalonado y la necesidad de asegurar la protección de los acreedores. Además, se enfatizó la importancia de una auditoría independiente que verifique la validez de los contratos rescindidos.
Si la decisión se rechaza, la compañía podría verse forzada a liquidar sus activos, lo que implicaría una pérdida de ingresos para el Estado y la reducción de la cobertura de gas natural en zonas rurales. Esta situación también afectaría a los consumidores de energía, que podrían verse obligados a cambiar a fuentes de energía alternativas, como el petróleo o la electricidad, con un impacto ambiental significativo.
Conclusión
El caso de Canacol ejemplifica la complejidad de operar en un entorno global donde los precios de la energía son volátiles y la regulación local exige una clara certeza jurídica. La decisión que tome la Supersociedades sobre el fallo canadiense será determinante no solo para la continuidad de la empresa, sino también para la estabilidad del mercado energético colombiano y la confianza de los inversionistas extranjeros. En un escenario donde la economía sigue bajo presión, la capacidad de la regulación para adaptarse a situaciones de crisis será clave para garantizar la competitividad y la seguridad energética del país.
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